Esto del asilo

Enero de 2022. Alejé los dedos del teclado del portátil y miré hacia fuera. Las nubes en el cielo de Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el Norte de África, amenazaban lluvia. La humedad del mar de Alborán me comprimía la cabeza. La temperatura en el piso donde vivía había bajado lo suficiente como para dejarme las extremidades del cuerpo heladas. Me levanté de la mesa de la sala de estar, que me hacía también de escritorio, y decidí salir a la calle para reactivar la circulación en las piernas. Me puse la chaqueta, y empecé a vagabundear por el centro. La ciudad parecía desierta. Las tiendas no habían reabierto todavía después del almuerzo. Otras tenían las vitrinas cubiertas de papel de periódico, cerradas hasta nuevo aviso. Decidí aprovechar para cortarme el pelo. Encontré una peluquería abierta, y la encargada me indicó una silla de plástico donde podía sentarme esperando mi turno. Había solamente dos otras personas en la tienda, una adolescente que había venido a lisarse el pelo, y su madre, una señora sobre los cuarenta.

La peluquera y la madre de su clienta estaban conversando sobre las dificultades que estaban encontrando en organizar los cuidados para sus familiares mayores. Por lo visto, las dos tenían familia en ambos lados de la frontera que separaba Melilla de la provincia de Nador, en el norte oeste de Marruecos. Y para ambas mujeres, cuidar de sus seres queridos se había convertido en una tarea mucho más compleja desde el cierre de los puestos fronterizos un año y medio antes.

El 13 marzo 2020, Marruecos había anunciado el cierre de sus fronteras terrestres con España debido a la pandemia de COVID19. Este anuncio había duramente afectado al panorama económico y social de la región. De un día para otro, se prohibió el paso a las 35000 personas que diariamente solían cruzar la frontera para trabajar, hacer negocio, y visitar a familiares y seres queridos. Los almacenes de mercancías para el comercio transfronterizo cerraron. Personas a ambos lados de la frontera se quedaron sin trabajo. La zona de Barrio Chino, el puesto fronterizo donde se concentraba el porteo entre Marruecos y Melilla, se convirtió en una área espectral y polvorosa.

Para las dos mujeres, el cierre de la frontera había significado tener que confiar los cuidados de sus dependientes en Marruecos a otros familiares, con complejas negociaciones sobre gastos, tiempo y responsabilidades afectivas. La peluquera, que seguía lisando el largo pelo de la pequeña, subrayó también que estaba encontrando cierta dificultad en encontrar una cuidadora para su madre, que vivía con ella en Melilla. Antes del COVID19, el sector de la construcción y de los servicios a la persona en Melilla dependían de la mano de obra barata proporcionada por trabajadores transfronterizos de la provincia de Nador. El cierre de la frontera había cortado la prestación de servicios del lado marroquí de la frontera. Sin embargo, la peluquera no atribuya estas dificultades solamente al cierre de la frontera. ‘Con esto del asilo, ¡todo el mundo se ha ido!’ exclamó, rociando laca sobre el pelo de su joven cliente.

Con ‘esto del asilo’, la peluquera se refería a una sentencia del Tribunal Supremo publicada en Julio de 2020, que había reconocido el derecho a la libre circulación de los solicitantes de asilo por todo el territorio nacional, incluido entre Ceuta, Melilla y la península. Las personas que solicitaban asilo en Ceuta o Melilla, dictaminó la sentencia, tienen el derecho a desplazarse a la península desde que su solicitud haya sido admitida a trámite – lo que normalmente se da por asentado por silencio administrativo un mes y un día después de la entrevista de asilo. Hasta el 2020, había sido practica corriente para la Policía Nacional de prohibir a los solicitantes de asilo de desplazarse por iniciativa propia desde Ceuta y Melilla hacia la península. La justificación aportada era que la solicitud de protección, y los derechos que esa conllevaba, eran validos solamente en los dos enclaves. La única manera que tenían los solicitantes de asilo para viajar a la península eran las ‘salidas’, los desplazamientos organizados por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y autorizados por el Ministerio de Inclusión Social. Las salidas no se producían siempre con regularidad, y los listados de los viajeros autorizados a salir no seguían necesariamente un criterio de antigüedad en el CETI. Todo esto provocaba frustración entre los residentes del centro, que a lo largo de los años había vivido varios episodios de sobresaturación respecto a la cantidad de personas que podía alojar.

El confinamiento de las personas migrantes en zonas donde la aplicación de la ley nacional queda suspendida figura de manera prominente en el arsenal del control fronterizo adoptado por países como Australia, Estados Unidos, o España. La geografía del derecho ha bautizado a esta práctica como ‘escisión’, un procedimiento que permite a los estados de jugar con la jurisdicción para convertir porciones de su territorio en excepciones legales. En 2001, por ejemplo, Australia declaró a parte de su territorio como ‘zona extraterritorial’ a los efectos de la aplicación de ciertas secciones de la Ley de Migración – concretamente, las que precisaban las garantías legales de los solicitantes de asilo. En otras palabras, las personas llegadas por costa a las zonas extraterritoriales a partir de 2001 se vieron denegado el derecho de solicitar asilo bajo el pretexto que estas zonas no eran parte del territorio australiano por el propósito de la aplicación de la ley de Migración. Para justificar la denegación de ciertos derechos a los aspirantes solicitantes de asilo, Australia decidió literalmente ‘remover’ parte de su territorio de su jurisdicción. Algo parecido había ocurrido en Melilla hasta 2020: prohibiendo el derecho al libre movimiento dentro del territorio nacional a los solicitantes de asilo, la Policía Nacional estaba de facto removiendo a los dos enclaves del resto del territorio español. Ceuta y Melilla eran España a la hora de controlar la frontera, pero no eran tan España a la hora de decidir si las leyes que se aplicaban en el resto del territorio tenían la misma validez en las dos Ciudades Autónomas.

Después de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020, pasaron varios meses para que se dio por asentada la libertad de circulación de los solicitantes de asilo entre Ceuta, Melilla y la península. A partir de junio 2021, las personas que habían solicitado el asilo en las dos Ciudades Autónoma pudieron empezar a viajar de manera autónoma dentro del territorio nacional. Los residentes del CETI no tuvieron que esperar más a las salidas organizadas por el Ministerio para seguir su camino. Personas que se habían visto encerradas en Melilla por años, o incluso generaciones, debido a la imposibilidad de poder regularizarse vieron en el asilo una posibilidad para buscar una nueva oportunidad en un lugar menos hostil. En 2021, 3277 personas pidieron asilo en Melilla, frente a las 1421 que lo habían pedido en 2020.

Pero no todo el mundo se había ido. Contrariamente a cuanto decía la peluquera, no todo el mundo podía irse. Irse de Melilla significaba dejar atrás toda una red de apoyo familiar y comunitaria que podían brindar apoyo financiero, material, y afectivo. Cierto, ir a la península significaba apostar a la posibilidad de tener menos limitaciones a la hora de regularizarse administrativamente un dia. Pero podía significar también exponerse, y exponer a tu propio núcleo familiar, a otra larga temporada de irregularidad y precariedad, sin el apoyo de los tuyos.

La peluquera recogió un espejo de una estantería, y lo pasó alrededor de la cabeza de su clienta para ensenarle el plegado y el lisado. ‘Claro, lo ideal sería alguien que busca un piso’ dijo, recentrando la conversación sobre la búsqueda de una cuidadora para su madre. ‘Así la persona se puede quedar con mi madre por la mañana, después por la tarde puede ir a trabajar de otra cosa, y la noche puede dormir ahí’. Levanté la mirada de mi móvil. Lo que se estaba buscando era alguien dispuesto a trabajar a jornada completa, pero que aceptase ser pagado a tiempo parcial en cambio del alojamiento. La madre pagó con su tarjeta bancaria, y las dos salieron de la tienda. La encargada me condujo hacia uno de los sillones, y me ató la capa detrás del cuello. Me sujetó el pelo para mirar como tenía las puntas. ‘Como lo cortamos?’ me preguntó. Le di unas pautas sencillas, y ella asintió con la cabeza. Empezó a cortarme el pelo, y las dos nos quedamos así, en silencio.

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Este relato está basado en mi articulo ‘As if there was a border. Bordering through excision in Melilla and the Canary Islands’. 2023, Environment and Planning D: Society and Space, 41(3), 451-470.